TROPIEZA LÍNEA 12

La Línea 12 del Metro sufrió un tropezón importante, toda vez que la justicia federal otorgó a los ejidatarios de Tlaltenco, Tláhuac, el amparo directo número DA-388/2009-6362.

En la resolución, el Poder Judicial determinó que el Gobierno del Distrito Federal no acreditó debidamente la utilidad pública para la expropiación de las tierras de los quejosos.

El tema dará mucho de qué hablar, pues presuntamente hubo actos de corrupción de funcionarios del Registro Nacional Agrario.

expedientepolitico@yahoo.com.mx

www.puntoporpunto.com

http://www.eluniversal.com.mx/n_portadas_pdf/ciudad.pdf

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=958245

México D.F. a 21 de febrero de 2010

En la lucha por la defensa de la tierra en Tláhuac, los ejidatarios de Tlaltenco hemos sufrido agresiones y violaciones de nuestros derechos humanos; hemos sido víctimas de abusos y corrupción, sin embargo, la justicia nos ha dado la razón; luego de dos años de nadar contra corriente nos fue otorgado el amparo directo DA-388/2009-6362, el primero de varios en trámite bajo la misma argumentación jurídica y que se resolverán en el mismo sentido: la expropiación de nuestras tierras no se justifica legalmente y la compra-venta de los terrenos en los que se planea la construcción de la terminal de la Línea 12 del metro y sus talleres se realizó al margen de la ley. 

El amparo concedido reafirma lo que siempre defendimos públicamente: los ejidatario fuimos despojados con artimañas y acciones corruptas de algunas autoridades que, como el Registro Agrario Nacional (RAN) registró las ventas de forma arbitraria, pisoteando el derecho agrario, la Constitución y los derechos de los ejidatarios. 

El proceso nos abrió los ojos y mostró que el despojo se planeó desde el año 2000, cuando el entonces comisario ejidal Antonio Méndez Méndez hizo un reemparcelamiento ilegal, a espaldas de los ejidatarios.

Luego, en 2006, el actual comisario ejidal, Jesús Mendoza Cirrnes nos reunió para una asamblea cuyo objetivo real se nos ocultó: iniciar el trámite de dominio pleno, mismo que empezó a tramitar utilizando las firmas de asistencia como si se tratara del aval para proceder legalmente para la escrituración de nuestras tierras como propiedad privada, empezando ahí mismo el despojo, pues se apropió de los terrenos de varios compañeros incrementando ilegalmente su patrimonio.

Como ustedes recuerdan, los ejidatarios de Tlaltenco hemos solicitado a la Delegación de la Procuraduría Agraria en el Distrito Federal la convocatoria de una asamblea a fin de destituir a Juan Carlos Leyte Chavarría como representante ejidal, pues no sólo ha negociado con las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (S.T.C.) Metro a nuestras espaldas, sino que ha sido promotor de la represión contra quienes NO hemos consentido la venta de nuestras tierras bajo presión y al margen de la ley. No se ha realizado esa asamblea porque según el delegado de la Procuraduría Agraria, Gil Medina, no hay un padrón de ejidatarios.

Sin embargo, el parcelamiento iniciado en 2000 sigue en proceso, no sabemos cómo si no hay padrón, pero dado que sigue adelante, la expropiación decretada por el Gobierno del Distrito Federal y la venta del ejido no procede, ya que no ha concluido el acto jurídico.

Es simple, si el R.A.N. sigue otorgando títulos de propiedad solo el propietario puede vender y negociar esa venta, por lo que la negociación hecha por Juan Carlos Leyte con el Sistema de Transporte Colectivo (S.T.C.) Metro carece de toda legitimidad, pues si está parcelado, èl carece de facultad para negociar.

Una irregularidad más, ésta de una gravedad tal, que tendría que generar actuaciones judiciales contra quienes resulten responsables, de violaciones y actos ilegales; es la exhibición de escrituras por parte del (S.T.C.) Metro, ante autoridades agrarias. Nadie entre los ejidatarios sabe quién extendió esas escrituras, no hemos podido checar los números de las mismas porque no se nos han proporcionado y evidentemente, nosotros desconocíamos su existencia, no obstante que somos segunda y hasta tercera generación de ejidatarios en Tlaltenco.

Por último y para no cansarlos o llenarlos de datos, les informamos que este amparo también es contra una resolución judicial en el sentido de ordenar a los ejidatarios de Tlaltenco el derecho de "servidumbre legal de paso" a favor del metro, cuando esa figura legal se encuentra en el Código Civil pero no así en el derecho agrario, lo que demuestra que la corrupción para avalar las obras de la Línea 12 alcanzó a múltiples autoridades , aunque finalmente su actuación quedó al desnudo y sin efecto.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: No permitiremos que se sigan atropellando nuestros derechos y permaneceremos en esta lucha desde las instancias legales hasta alcanzar una solución; no permitiremos que se nos trate como mexicanos de segunda ni cederemos a presiones, atentados y tácticas intimidatorias que han sido la tónica del gobierno del DF para obligarnos a vender

Admiten amparo interpuesto por campesinos contra siembras de maíz transgénico

Todos reunidos para defender al maíz criollo.

DF, México — Es urgente una suspensión de oficio para impedir siembras experimentales; Sagarpa y Semarnat argumentan falta de interés jurídico de los campesinos para interponer el recurso legal

El Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite un amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), en el que solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el reconocimiento de las opiniones del sector campesino en demanda de la protección de las variedades de maíz nativo existentes en nuestro país y que se declaren inconstitucionales los permisos para siembras de maíz transgénico. 

En el amparo, solicitado por ANEC con acompañamiento de Greenpeace y de la organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A. C. (Litiga OLE), se impugnan las disposiciones legales y la actuación de las autoridades de Semarnat y Sagarpa, que ignoraron las opiniones del sector campesino y la sociedad civil vertidas en la consulta pública previa a la expedición de los permisos de siembras experimentales de maíz transgénico para los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas (1).

Los actos que se reclaman en tal amparo se fundamentan en que servidores públicos de ambas secretarías de estado, encargadas de la expedición de permisos para liberar maíz transgénico, desconocieron el derecho de participación de organizaciones de la sociedad civil en el proceso de consulta previo a dicha expedición a favor de la empresa transnacional Monsanto Comercial S. A. de C. V.

“Es obligatorio para las autoridades que, ajustando el marco jurídico en materia de bioseguridad, respeten el derecho de los ciudadanos para participar en la decisión de asuntos públicos de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues si no fuera de ese modo, todos los procesos de consulta pública serían una farsa”, declaró Luis Miguel Cano, Codirector de Litiga OLE.

A fin de evitar daños irreparables a estos derechos, dichas organizaciones estimaron urgente una suspensión de oficio por parte del juzgado de distrito, para impedir que la liberación experimental de maíz transgénico se lleve acabo. Dado que el juzgado no ha dictado esta suspensión se presentó un recurso de revisión que está pendiente de resolución ante el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa en el D. F.

“En tanto el Juzgado Cuarto de Distrito, donde se procesa este caso contenido en el expediente 1744/2009, programó una audiencia constitucional para el 9 de febrero, los representantes de las secretarías e instancias implicadas (2) siguen argumentando en sus informes la falta de interés jurídico de los campesinos miembros de la Anec”, denunció Víctor Suárez, director ejecutivo de esta agrupación.

“Es un paso que el Juzgado Cuarto haya admitido el amparo de Anec, pues organizaciones de diversos ámbitos: consumidores, académicos y ambientalistas hemos presentado amparos debido a los riesgos que el maíz transgénico representa para la salud humana, para las variedades nativas y para el medio ambiente, y han sido desechados porque las autoridades mexicanas argumentan que no tenemos interés jurídico sobre el tema. Tal parece que los únicos que tienen interés jurídico en materia de bioseguridad en México son las empresas que detentan la patente de las semillas transgénicas y no quienes dependen de la producción del maíz y mucho menos quienes lo consumimos”, declaró Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México.

Anec, Greenpeace México y Litiga OLE demandan a las autoridades de Sagarpa y Semarnat tomar en cuenta las opiniones de la sociedad civil vertidas en consulta pública antes de permitir más siembras experimentales con maíz transgénico en territorio mexicano. De los permisos ya otorgados, las organizaciones exigen a las autoridades la suspensión inmediata y la revisión de los procedimientos con base en el marco de bioseguridad, a fin de que no se ponga en riesgo el patrimonio genético de maíz existente en México.  

 No Matenlos bosques de Tlalpan¿tu te arrancarias un pulmon sano?

eso le estan haciendo ala ciudad mas contaminada del mundo, al cortarle una vena principal de vida.

• Agua de Monte Alegre. Imágen muestra por donde corría líbremente entre bosques, y recargando acuíferos antes del tubo...

• Imágen de Sat GE con trazo de la ubicación del Nvo Acueducto o tubo de Monte Alegre a los pueblos de Ajusco y la MP, con la probable extensión a Asentamientos Humanos Irregulares rumbo a Topilejo.

  ACCIÓN URGENTE

 Arbitraria orden de aprensión en contra de Juan Zamora González y Porfirio Méndez Martínez, afectados por la presa Cerro de Oro (1989, Oaxaca, México), por seguir demandando la debida indemnización y defender los derechos de los reubicados

CARTA TIPO

Lic. Felipe de Jesús CALDERÓN HINOJOSA

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Residencia Oficial de los Pinos

Casa Miguel Alemán

Col. San Miguel Chapultepec c.p. 11850

D.F. México

Telefax: +52 (55) 50-93 53-11

Correo: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

P R E S E N T E.

Lic. Fidel Herrera Beltrán

Gobernador del Estado de Veracruz

Correo: fidelherrera@veracruz.gob.mx

Telefax: +52 (228) 841 88 18

P R E S E N T E.

Lic. Arturo Chávez Chávez

Procurador General de la República

Av. Paseo de la Reforma 211-213

Col Cuauhtemoc, Delg. Cuauhtemoc

D.F., México

Tel: +52 (55) 53-46-09-08

Correo: ofproc@pgr.gob.mx

PRESENTE

Magistrado Ricardo García Villalobos

Presidente del Tribunal Superior Agrario

DF.

Orizaba 16 5º Piso Col. Roma

Del. Cuauhtemoc c.p. 06700

D.F., México

Tel: + 52 (55) 52-0868-00 ext. 2501, FAX +52 (55) 52-08-35-88 FAX

P R E S E N T E.

Lic. Guillermo del Castillo Vélez

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz (Boca del Río)

Palacio de Justicia Federal,

Fracc. Costa de oro, Mpio. de Boca del Río, ver., Boca del Río, Ver., 94299

Fax +52 (229) 9 23 67 31 

Respetables funcionarios:

Por medio de la presente aprovecho para enviarles un cordial saludo además de manifestarles mi preocupación y la de mi organización frente al procedimiento penal n.59/2009 que se encuentra radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Veracruz (Boca del Río)  en contra de los Señores Juan Zamora González y Porfirio Méndez Martínez, respectivamente Presidente del Consejo de Administración y Secretario de la Unión de Ejidos de Producción y Comercialización Agropecuaria “José López Portillo” del Municipio de Uxpanapa, pues a consideración del Ministerio Público estos son probables responsables del delito de privación ilegal de la libertad del C. Magistrado José Lima Cobos. Desde la construcción de la presa Cerro de Oro (Oaxaca), en 1989, Juan Zamora y Porfirio Méndez no se han cansado de pedir justicia para los afectados por la presa que todavía no cuentan con la indemnización de las tierras y la construcción de las obras comprometidas en la resolución presidencial del 4 de abril de 1978 y en otros decretos presidenciales publicados en distintas fechas anteriores al 1976.

La causa penal se origina de la denuncia por secuestro que el Magistrado Lima Cobos, titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito No. 40, interpuso Ante el C. Agente del Ministerio Publico Federal correspondiente en contra de Juan Zamora y Porfirio Méndez después de que estas personas, junto con otros 400 indígenas afectados por la presa Cerro de Oro, el 15 de junio de 2009 se presentaron a recibir la notificación de la sentencia que este Magistrado emitió en relación con la demanda radicada bajo la causa 566/05. En la demanda, presentada por Juan Zamora en calidad de Presidente del Consejo de Administración y Secretario de la Unión de Ejidos de Producción y Comercialización Agropecuaria “José López Portillo, se pedía la indemnización de las tierras y la construcción de las obras comprometidas en las resoluciones presidenciales antes mencionadas. En la sentencia el Tribunal resolvió que los actores carecen de legitimación procesal para promover el juicio. El día en el que los afectados acudieron al Tribunal para ser notificados, el Magistrado insultó y abofeteó a la señora Petronila Castro Miguel y descalificó a todos los presentes con estas palabras: “váyanse de aquí, son unos indígenas que no saben nada de leyes, esta oficina no es de ustedes, no saben lo que aquí va a pasar”. Además, amenazó con presentar la denuncia por secuestro antes mencionada. De esta derivó la averiguación previa número AP/PGR/VER/SAT/mesa II/056/2009 que fue consignada ante el C. Juez Guillermo del Castillo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito con Sede en Veracruz (Boca del Río)  autoridad quién recibió la averiguación previa y le asignó el número de causa 59/2009. En consecuencia emitió la orden de aprensión en contra de Juan Zamora u Porfirio Méndez  por el delito de privación de la libertad del Magistrado José Lima Cobos. Los afectados por la presa de su parte denunciaron al Magistrado Lima Cobos por haber abofeteado a la Señora Castro Miguel.

El 18 de junio de 2009, la Unión de Ejidos interpuso una queja administrativa frente al Tribunal Superior Agrario con sede en México DF en contra de José Lima Cobos quien mostró durante toda la tramitación del juicio una actitud prepotente y abusiva. En la queja se da cuenta de una serie de expresiones ofensivas y racistas usadas por el Magistrado. Denuncian además al Magistrado por abuso de autoridad, y por delitos cometidos contra la administración de justicia.

En el mes de agosto del año en curso, 22 afectados por la presa y representantes de varios de los ejidos que se constituyeron en el Valle de Uxpanapa enviaron una comunicación a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, al Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y al Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados para denunciar las múltiples violaciones a los derechos humanos de las cuales han sido víctimas desde la construcción de la presa.

Hay que recordar además que en 1995, en otra acción fruto de la criminalización, Juan Zamora estuvo incomunicado durante 8 días, tiempo en el que fue torturado antes de ser trasladado al Penal de Allende del Puerto de Veracruz acusado de sabotaje, daños a la Nación, intento de homicidio y portación de arma de asalto. La reclusión duró dos años y finalmente Juan Zamora fue absuelto de todos los delitos y salió libre.

Todo lo arriba señalado y los diversos atropellos que se cometieron en los años en contra de los afectados por la presa Cerro de Oro nos da suficientes elementos para creer que la denuncia por secuestro promovida por le Magistrado Lima Cobos y la causa penal n.59/2009 que de ella se deriva no tienen fundamento legal y más bien se enmarcan en los actos de criminalización de los cuales desde hace más de 20 años son víctimas los afectados y los líderes de un movimiento que clama justicia.

En razón de lo anterior, es que hoy acudo ante ustedes para solicitarles:

1) Que haga todo lo que esté en sus manos para que se desista de la acción penal en contra de Juan Zamora y Porfirio Méndez.

2) Que cese la criminalización en contra de los afectados por la presa Cerro de Oro.

3) Que se satisfagan las justas demandas de los afectados en relación con la indemnización  de las tierras que perdieron a causa del desalojo del cual fueron víctima  a raíz de la presa, la construcción de las obras comprometidas en los poblados de reubicación y que se respeten sus derechos económicos, sociales y culturales.

Sin más por el momento me despido de ustedes no sin antes reiterar mi petición.

A t e n t a m e n t e.

Nombre de la organización que firma y eventualmente de su director/directora

Antecedentes sobre el caso Cerro de Oro

En el mes de noviembre de 2009 el Juzgado Cuarto de Distrito libró la orden de aprensión n.59/2009  por el delito de privación de libertad del Magistrado José Lima Cobos, en contra de Juan Zamora González, Presidente del Consejo de Administración de la Unión de Ejidos de Producción y Comercialización Agropecuaria “José López Portillo” y Porfirio Méndez Martínez Secretario de la misma Unión de Ejidos. Ambas personas han sido afectadas por la presa Cerro de Oro y han sido reubicados en el Valle de Uxpanapa (Estado de Veracruz).

La construcción de la presa Cerro de Oro fue decretada el año de 1972 para represar los ríos Santo Domingo, San Juan Evangelista y Tesechoacan en el Estado de Oaxaca. La obra formaba parte de un programa más amplio que preveía la construcción de un sistema de presas asociadas sobre ríos tributarios del Papaloapan que debían servir para la generación de hidroelectricidad, la protección contra inundaciones y el desarrollo de distritos de riego. Los trabajos empezaron en 1974 y, a causa de varias interrupciones, terminaron en 1989. La obra fue inaugurada con el nombre de Presidente Miguel de la Madrid.

Los afectados fueron alrededor de 26 mil campesinos en su mayoría indígenas chinantecos. Hasta el momento en el que se emitió el decreto presidencial que formalizó la construcción de la obra, no habían sido informados ni consultados. Pese a su oposición, fueron desalojados, perdiendo sus viviendas y sus tierras, altamente fértiles donde producían maíz, frijol, chile, ajonjolí, tabaco, arroz, camote. Los afectados fueron reubicados en varios municipios del Estado de Oaxaca y Veracruz. Uno de los grupos más numerosos se ubicó en 25 núcleos agrarios en el Valle de Uxpanapa. El gobierno se comprometió a dotarles de tierras, construir caminos e infraestructura urbana en los poblados, pagar las indemnizaciones territoriales, bienes comunales y parcela escolar. El pago de las indemnizaciones fue establecido a través resolución presidencial del 4 de abril de 1978, consistente en el acuerdo de pago de las indemnizaciones territoriales, bienes comunales y parcela escolar. Las indemnizaciones debían depositarse en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) antes Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) para luego distribuirlas entre los afectados. Ninguno de estos compromisos fue cumplido. Algunas personas recibieron un mísero pago para algunos objetos personales, árboles frutales y animales pero nada de lo previsto en el decreto presidencial.

Las obras de infraestructura urbana hasta el día de hoy continúan a medio construir. Todavía no existe una red de drenaje; la red de agua potable es muy reducida, llegando sólo a pocas viviendas; el suministro eléctrico es irregular; los poblados carecen de banquetas, oficina de correos, zonas de esparcimiento. Las viviendas no fueron construidas siguiendo el modelo de vivienda tradicional ni se adecuan a las necesidades de sus pobladores. Están ubicadas en lotes de 40x40 m y tienen tamaños de 10x10 m, o menores, donde viven entre 6 y 8 personas.

De las 260 mil hectáreas concedidas a los reubicados en Uxpanapa, el 90% no son aptas para la producción agrícola que estas poblaciones desarrollaban en el lugar de origen, pudiendo solo emplearse para la cría de ganado. En el 10% restante cultivan hule, palma, cítricos y maíz, con rendimientos muy inferiores a los que obtenían en el lugar de origen.

Veinte años después de la construcción de la presa del Cerro del Oro, las consecuencias para los pobladores originarios de la zona han sido devastadoras. La cultura chinanteca está prácticamente destruida, consecuencia de las características de la reubicación que favorecieron la desintegración comunitaria, la transformación de los medios de subsistencia perdiéndose prácticas agrícolas milenarias, la quiebra de sistemas de parentesco, la pérdida de la lengua, etc. Los afectados han sufrido un proceso de empobrecimiento consecuencia de la falta de debida indemnización; de la menor extensión y peor calidad agrícola de las tierras concedidas en sustitución de las expropiadas para la construcción de la presa; y de la reubicación en viviendas de menor tamaño y calidad que las que poseían en sus lugares de origen, ubicadas en asentamientos carentes de servicios básicos.

Desde el inicio de las obras hasta el día de hoy los afectados han llevado a cabo múltiples acciones para solicitar justicia sin obtener ningún resultado. Frente a los oídos sordos de las autoridades en 1995 decidieron ocupar la planta eléctrica de la Presa Miguel Alemán. Esta acción, llevada a cabo en 1995, provocó la detención de Juan Zamora quien estuvo incomunicado durante 8 días, tiempo en el que fue torturado antes de ser trasladado al Penal de Allende del Puerto de Veracruz acusado de sabotaje, daños a la Nación, intento de homicidio y portación de arma de asalto. La reclusión duró dos años y finalmente Juan Zamora fue absuelto de todos los delitos y salió libre. Su libertad fue posible también gracias  a la intervención de numerosas organizaciones internacionales.

El 20 de septiembre de 2005 Juan Zamora González, en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Unión de Ejidos de Producción y Comercialización Agropecuaria “José López Portillo” del Municipio de Uxpanapa, a la cual pertenecen los 25 núcleos agrarios en los que viven los afectados por la presa, interpuso una demanda por 3,500 millones de pesos (alrededor de 190 mil euros) ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), del Distrito 40, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, para obtener la indemnización de las tierras y la construcción de las obras comprometidas en la resolución presidencial del 4 de abril de 1978 y en otros decretos presidenciales publicados en distintas fechas anteriores al 1976. La demanda fue radicada bajo la causa 566/05. El 10 de junio del presente año, el Tribunal resolvió que los actores carecen de legitimación procesal para promover el juicio. El día 15 de junio del 2009 aproximadamente 400 personas afectadas acudieron a la notificación de la sentencia. En esta ocasión el Magistrado José Lima Cobos, titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito No. 40, insultó y abofeteó a la señora Petronila Castro Miguel y descalificó a todos los presentes con estas palabras: “váyanse de aquí, son unos indígenas que no saben nada de leyes, esta oficina no es de ustedes, no saben lo que aquí va a pasar”. El Magistrado amenazó además de denunciar a los presentes del delito de secuestro frente al Ministerio Público federal. La única denuncia que finalmente fue interpuesta por dicha autoridad, fue en contra de Juan Zamora y Porfirio Méndez a quienes se le siguió la averiguación previa número AP/PGR/VER/SAT/mesa 2/056/2009 la cual fue consignada ante el Juez Guillermo del Castillo del Juzgado 4 de Distrito con sede en Veracruz (Boca del Río), autoridad que emitió la orden de aprensión n.59/2009 por el delito de privación de la libertad del Magistrado José Lima Cobos. Los afectados por su parte denunciaron al Magistrado Lima Cobos por haber abofeteado a la Señora Castro Miguel.

El 18 de junio de 2009, la Unión de Ejidos interpuso una queja administrativa frente al Tribunal Superior Agrario con sede en México DF en contra de José Lima Cobos quien mostró durante toda la tramitación del juicio una actitud prepotente y abusiva. En la queja se da cuenta de una serie de expresiones ofensivas y racistas usadas por el Magistrado. Denuncian además al Magistrado por abuso de autoridad, y por delitos cometidos contra la administración de justicia.

En el mes de agosto del año en curso, 22 afectados por la presa y representantes de varios de los ejidos que se constituyeron en el Valle de Uxpanapa enviaron una comunicación a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, al Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y al Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados para denunciar las múltiples violaciones a los derechos humanos de las cuales han sido víctimas desde la construcción de la presa.

Las organizaciones que impulsamos y circulamos la acción urgente: Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC),   Coalición de Organizaciones Mexicanas para el Derecho al Agua (COMDA), Otros Mundos AC, Centro Legal de Defensores del Ambiente (EDLC) e International Rivers, queremos denunciar la criminalización de la cual están siendo víctimas dos representantes de los afectados por la presa, “culpables” de estar levantando su voz y solicitando la satisfacción de sus derechos, a través del uso arbitrario del sistema penal. Queremos además solicitar el apoyo de otras organizaciones para empezar una campaña de cartas que tiene como principal objetivo lograr que las autoridades desistan de la acción penal en contra de Juan Zamora González y Porfirio Méndez Martínez y, 20 años después de construida la presa, finalmente accedan a satisfacer las justas demandas de los afectados.

México, 20 de noviembre de 2009

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

UNT,SME, ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES, SINDICATO

DE SOBRECARGOS,

STUNAM, POLITECNICO, Y OTRAS MAS. PARTICIPA POR QUE SI HOY 

 NO LO HACEMOS NOSOTROS, MAÑANA LO DEBEN DE HACER NUESTRO HIJOS.

 EL SINDICALISMO ESTA EN PELIGRO DE EXTINCION  

Paro Nacional por la supervivencia de México (La verdadera revolución popular)

El Paro Nacional es una cuestión de supervivencia para el pueblo de México por lo que deberíamos participar todos los sectores posibles, debemos difundirlo ya que sólo así podremos detener a la oligarquía que pretende perpetuarse en el poder, una oligarquía que nos ha llevado a la situación que actualmente vivimos.

El poder está en los ciudadanos como tu o como yo si nos sumamos a este paro del que ya son parte varios millones de mexicanos que sobreviven en el comercio informal o en la pobreza extrema, por lo que si nos sumamos otros millones, a ver qué hace esa clase parásit