Optar por el voto de protesta (sea nulo, o a través de un candidato independiente) es la solución a un dilema personal; si por un lado no se quiere respaldar a ningún partido –por no identificarse con ninguno de ellos, por considerar que no han cumplido su compromiso con la democracia, porque no han combatido la corrupción y la impunidad– pero por otro lado tampoco se quiere caer en la apatía e inacción que supone la abstención, la vía de conciliación es acudir a las urnas, cumplir con la obligación legal de sufragar y aprovechar la boleta para expresar la inconformidad por medio de una de las opciones que ofrece el Cofipe.

Hoy por hoy, la ley contempla nueve opciones legales; ocho por cada uno de los partidos con registro, y la novena, que permite sufragar por la invalidación (con un candidato no registrado o el voto nulo), es pues una opción legal y, por ende, legítima. Invalidar el voto –con cualquier modalidad– constituye también una estrategia política: enviar, por vía institucional, democrática, legal y civilizada, un claro mensaje de inconformidad, para que los partidos incorporen algunas de las reformas planteadas hace años con miras a airear, mejorar y democratizar el estrecho oligopolio partidario.

A) Una de las preguntas recurrentes en esta polémica es si un significativo voto nulo podría ser eficaz para orillar a los partidos a realizar las reformas que refresquen –no que destruyan– el sistema de partidos, y abran –no que cancelen– la representación política. José Woldenberg dijo hace poco: “Cuando ha habido reformas no es porque la abstención haya crecido, sino cuando se genera un diagnóstico de algún problema y se hacen avanzar algunas propuestas, es decir, se crea un contexto de exigencia real con diagnóstico, con medidas y con horizonte” (Proceso, 31 de mayo de 2009). Justamente eso es lo que los “anulistas” queremos generar, adaptando la protesta cívico-electoral a las condiciones actuales. No se logra ya votando por la oposición ni, es cierto, con el abstencionismo. Pero el voto de protesta (nulo y de protesta) puede generar ese contexto de exigencia. De hecho, el propio movimiento anulista ya lo generó.

¿De qué depende el éxito de la estrategia? Me parece que, fundamentalmente, de la disposición de los partidos a reconocer que ya hay una crisis de representación política. Es decir, como señala el propio Woldenberg, “de la forma en que los propios partidos lean esta señal”. Se busca con este debate que los partidos lean en el anulismo (más allá de los votos nulos) una fuerte inconformidad hacia el sistema partidario. El voto de protesta y la abstención no constituyen la enfermedad, sino un síntoma de ella, como muchos (anulista y no) ya lo han señalado. La elección sólo será un termómetro.

¿Cuánto voto de protesta sería necesario para considerar que la estrategia ha sido exitosa? No hay cifras clave; el número suficiente para que los partidos lo reconozcan como una expresión legítima (cosa que hoy no hacen) y actúen en consecuencia, realizando las reformas básicas que beneficien la participación ciudadana y limiten sus privilegios. Muchos aseguran que eso no ocurrirá, sea cual sea la magnitud del voto de protesta. Otros pensamos que, siendo los partidos pragmáticos, y por ende necesitados de legitimidad, ante una fuerte expresión de protesta electoral terminarían aceptando su existencia, abriéndose a las demandas ciudadanas. Si los partidos en efecto fueran inconmovibles a la protesta disidente, el PRI seguiría gobernando como si nada, incluso con mayorías calificadas.

B) Otros piensan que, incluso de ser considerable el voto nulo o el abstencionismo, la protesta se esfumará y será estéril, pues no hay una organización estructurada ni líderes que la conduzcan. En efecto, el movimiento es resultado de la confluencia de varios ciudadanos, grupos y organismos desarticulados que pensaron, cada uno por su lado, en el voto nulo como forma de inconformidad y protesta. Los partidos tendrán que recibir y tomar nota del reclamo anulista, y agruparlo en un paquete viable. Lo harían vigilados por la opinión pública. Muchas de esas propuestas ya están en el Congreso desde hace años, pero duermen el sueño de los justos (precisamente porque afectan los privilegios de los partidos).

Por lo pronto, creo haber detectado en las organizaciones y promotores más visibles del movimiento anulista, coincidencias al menos en los siguientes puntos: 1) Facultad para sancionar o premiar de forma personalizada a nuestros representantes; 2) candidaturas independientes para el Congreso y las alcaldías; 3) incorporación del voto de protesta en la boleta (por ejemplo, con el recuadro “ninguno”) y que cuenten como parte del voto válido para fines de financiamiento público (lo que ya ocurre en Argentina, Colombia, Chile y España); 4) reducción del financiamiento de los partidos, así como del salario de los legisladores (los diputados alemanes ganan aproximadamente 120 mil pesos, al tipo de cambio actual, frente a más de 150 mil, por lo menos, de sus homólogos mexicanos), y la eliminación de sus privilegios fiscales; 5) incorporación de figuras de participación directa a nivel federal (que ya existen en varios estados). Se manejan otras propuestas, desde luego, en las que difícilmente hay consenso en un movimiento tan heterogéneo. Pero con los cinco puntos planteados se ganaría mucho en términos de representación política y de participación ciudadana. Y absolutamente nadie, tras los comicios, podrá reclamar legítimamente la representatividad del movimiento, pues quienes anulen el voto no estarán sufragando por nadie como su representante, sino por una apertura visible del sistema partidista.

C) Quienes niegan la racionalidad del voto de protesta como opción legítima –particularmente los propios partidos políticos– han montado una campaña de desprestigio contra este movimiento. Lo han calificado de antidemocrático, anticonstitucional, irresponsable, retrógrado, antiinstitucional, cuasi subversivo y hasta antipatriótico. Hasta ahora, pensaba que eso ocurría cuando se violaba o ignoraba la ley, no cuando ésta se cumplía con estricta puntualidad (decía don Pablo González Casanova que en México lo más revolucionario es aplicar la ley). También se ha articulado una campaña de miedo –tan recurridas en nuestros comicios– sobre las nefastas consecuencias de esta expresión ciudadana. Dice, por ejemplo, Germán Martínez Cázares: “¿Ya pensaron a qué dictador autoritario quieren los abstencionistas?... Mañana pueden organizar no pagar impuestos… y más tarde el ‘que se vayan todos los partidos’” (El Universal, 2 de junio de 2009). Y Jesús Ortega se lamenta: “El voto nulo es una acción demagógica, peligrosa y perversa. El abstencionismo sólo produce autoritarismo” (Reforma, 5 de junio de 2009). En todo caso, eso dependería de cómo reaccionaran los partidos. La responsabilidad es hoy del electorado frente a las urnas. El balón está en nuestra cancha y muchos queremos devolverlo a los partidos con un claro mensaje de protesta e inconformidad. Después de los comicios, la responsabilidad será prioritariamente de los partidos. Si ante un robusto reclamo cívico hacen como que les habla la Virgen, entonces las cosas en efecto se pueden descomponer aún más. Pero lo que siga será su responsabilidad, no de los electores que quieren votar, pero no por alguno de los partidos.

Los tiempos son también importantes. Si los partidos aceptaran la legitimidad del movimiento y la justeza de sus reclamos, distenderían el ambiente. Al cerrarse, lo tensan más, y producen efectos contraproducentes a los que desean (muchos que querían votar por un partido, al ver la reacción de todos ellos, se han inclinado por la anulación). Mientras más pronto reconozcan la crisis de representatividad y reconozcan el reclamo como legítimo, más probabilidades habrá de abrir una importante válvula de escape al descontento ciudadano, y el anquilosado sistema de partidos será más representativo, legítimo y funcional. Por lo pronto, me parece sano y refrescante el debate que sobre este tema se ha suscitado. Ojalá los partidos entiendan y atiendan esta expresión de inconformidad en lugar de eludirla, descalificarla y censurarla. Y si eso ocurriera antes de los comicios, mucho mejor para todos.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

El Comité Conciudadano para la Observación Electoral presenta hoy los resultados hasta el momento del proyecto Por un Congreso con Rostro ¿qué representan quienes quieren representarnos?, que es coordinado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, con la participación de Incide Social, la Academia Morelense de Derechos Humanos; Centro de Desarrollo Humano y Comunitario; Educación y Ciudadanía; Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Sonora Ciudadana; y Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadanas(1). De igual forma, damos a conocer el seguimiento que el Comité Conciudadano ha realizado de la capacitación a funcionarios de casilla que realiza el Instituto Federal Electoral.

Con el propósito de salvaguardar el interés y los derechos políticos electorales de los ciudadanos durante el proceso electoral, a través del proyecto Por un Congreso con Rostro se analizó la forma en que los partidos políticos eligieron a sus candidatos a diputados federales de mayoría relativa, y se solicitó la información curricular y las propuestas legislativas de éstos a fin de difundirla entre la población en ocho entidades de la República(2). Con esta iniciativa buscamos contribuir a que el ejercicio del derecho al voto se realice de manera informada y razonada.

Después de haber realizado la revisión y el análisis de la normatividad de los partidos políticos y de la información pública que hay disponible sobre los procesos de selección interna, se encontró que más del 90% de las y los candidatos a diputados federales de mayoría relativa fueron designados por las cúpulas partidistas. Sólo en 146 candidaturas se permitió la participación directa de los militantes y simpatizantes del partido a través del voto universal y directo.

Esta situación es preocupante, pues si se toma en cuenta lo que señala la Constitución, todos los partidos habrían incurrido en violaciones. Las bases constitucionales para la selección de candidatos a puestos de elección popular están dadas en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo el cual obliga a que los candidatos sean elegidos de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan los partidos y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Es decir, los partidos políticos están obligados por la Constitución, a elegir a sus candidatos mediante el voto universal, libre, secreto y directo. Cualquier otra forma de selección interna se opone a la Constitución.

De manera muy sintética, esta fue la forma en que los partidos eligieron a sus candidatos y candidatas:

• El PAN asignó de manera directa 203 candidaturas y sólo 97 fueran decididas por sus militantes.
• El PRI cambió su método legal de seleccionar candidatos mediante convención por una designación de facto al declarar válida como elección interna aquellas precandidaturas que se presentaran como únicas
• El PRD seleccionó a 49 de sus candidatos por el voto directo de sus militantes y simpatizantes, mientras que la designación de las 251 restantes estuvo a cargo de los dirigentes de las principales corrientes del partido.
• En el PVEM todos los candidatos y candidatas fueron seleccionados por su Consejo Político Nacional, el cual está conformado por aproximadamente 30 personas.
• En el PT los 150 candidatos que contienden por este partido en Coalición con Convergencia fueron designados a través de su Comisión Ejecutiva Nacional, erigida y constituida en Convención Electoral Nacional.
• En el caso de Convergencia la designación de sus 150 candidatos fue a través de una Convención Nacional conformada por 387 delegados, pero previamente la Comisión Política Nacional -integrada por menos de 50 personas-estuvo a cargo de conocer, calificar y determinar la nómina de candidatos del partido a nivel federal y autorizar la inscripción de candidatos.
• En el PANAL las candidaturas las definió su Consejo Nacional por unanimidad y en una sesión de 40 minutos, previa propuesta de la Junta Ejecutiva Nacional (JEN) integrada por cinco funcionarios partidistas.
• En el PSD, una Asamblea Electoral, compuesta por 110 integrantes, definió todas las candidaturas.

Como puede observarse, hay de cúpulas a cúpulas seleccionadoras de candidatos, pues mientras en el PANAL lo hizo un grupo de 5 personas, incluida la hija de Elba Esther Gordillo, en Convergencia corrió a cargo de una convención de 387 personas.

Un reflejo claro de la forma en que los organismos políticos seleccionaron a sus candidatos es que, por ejemplo, en el Partido Verde Ecologista se dio cabida a que las televisoras tengan representación directa, y se hizo espacio a allegados de políticos de otros partidos; y en el PRI se encuentran las candidaturas de familiares de políticos en activo o ex funcionarios.

Por ejemplo, el PVEM postuló Ninfa Clara Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca; a Miguel Orozco Gómez –como suplente de una candidata-, director jurídico de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y hermano del actual senador Javier Orozco; y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, quien formó parte del Consejo Directivo de la CIRT y fue aspirante a ser Consejero del IFE. También está apoyando a Pablo Escudero Morales y Carlos Samuel Moreno Terán, ambos vinculados con el senador Manlio Fabio Beltrones; el primero es su yerno mientras que el segundo fue su secretario técnico en el gobierno de Sonora.

En el caso del PRI, se benefició a la sobrina de Carlos Salinas, Claudia Ruiz Massieu; Federico Madrazo Rojas, hijo de Roberto Madrazo; Julieta Octavia Marín Torres, hermana del gobernador de Puebla, Mario Marín; Marco Antonio García Ayala, sobrino de Joel Ayala, líder de la burocracia nacional; Narcedelia Ramírez Pineda, hija de Heladio Ramírez; Óscar Rodríguez Cabrera, hijo del exgobernador campechano Rafael Rodríguez Barrera; Ignacio Pichardo, hijo del ex gobernador del Estado de México del mismo nombre, entre otros.

Otra forma de manifestar el control cupular de la selección de candidatos y candidatas es el bajo número de impugnaciones que fueron presentadas en las instancias partidarias y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es relevante que en el Tribunal no fue presentado recurso alguno derivado de la contienda interna en los casos del PT, PVEM, PANAL y PSD, mientras que el caso de Convergencia fueron presentados dos, 20 en el del PRD, 37 en el del PAN y 51 en el del PRI. La mayoría de sus fallos fueron favorables a los partidos, ya que sólo 10 de 107 fueron considerados fundados los agravios denunciados y en uno fundado parcialmente.

Otra evidencia del predominio cupular es la discrecionalidad con la que se realizan las sustituciones de candidatos y el alto número de éstas que llevaron a cabo algunos partidos como Nueva Alianza, que hizo casi 80 entre propietarios y suplentes con motivo de renuncias.

Escasa información sobre las y los candidatos

Igual de grave es que durante las campañas electorales los ciudadanos contemos con poca o nula información disponible acerca de las trayectorias profesionales y políticas de las y los candidatos, así como de sus propuestas legislativas, y que la mayoría de los partidos se resistan a hacerla pública. Esta ausencia de información afecta el ejercicio razonado del voto, pues no permite conocer, evaluar, ni contrastar la oferta política.

Con el proyecto Por un Congreso con Rostro se solicitó a los partidos políticos de manera directa y a través del Sistema de Acceso a la Información del IFE, la información curricular y los datos de contacto de las y los candidatos a diputados federales postulados por el principio de mayoría relativa en las 8 entidades de la República, lo cual representa un universo de 80 distritos electorales y de casi 600 candidatas y candidatos. Sin embargo, a dos meses de haber iniciado esta labor, ha habido una resistencia casi generalizada, tanto de los partidos como de los mismos candidatos y candidatas, a proporcionar información.

El PVEM fue el único que negó rotundamente la información solicitada, argumentando que ni el Cofipe ni su normatividad obliga a los precandidatos y candidatos a presentar su currículo.

El resto de los partidos manifestaron su voluntad de buscar y proporcionar la información pero a la fecha -si bien incipiente e incompleta- sólo el PAN, Convergencia y el PSD nos proporcionaron la currícula de sus candidatos; y son estos tres partidos los únicos que establecieron como requisito, en sus procesos de selección interna, que los aspirantes proporcionaran información curricular.

Si bien es cierto que en el Reglamento del IFE la información solicitada es considerada como confidencial, también lo es que en el mismo ordenamiento se establece que los partidos podrán proporcionarla de manera voluntaria.

En este contexto adverso para ejercer el voto de manera informada y razonada, valoramos los esfuerzos, si bien aislados, que han impulsado algunos partidos a nivel nacional como el PAN (http://www.pan2009.org/) y el PRD (http://www.candidatosprd.com.mx/), que han puesto a disposición pública en portales de internet información diversa de algunos de sus candidatos, o como el PSD que ha hecho lo propio con sus candidatos en el Distrito Federal.

También es importante que los ciudadanos conozcan cuánto dinero erogaron tanto los partidos políticos como los precandidatos en los procesos de selección interna. Ante esta inquietud, solicitamos a todos los partidos que nos informaran el costo de sus procesos internos. A la fecha sólo hemos recibido respuesta del PSD, según el cual gastó en total $865,516.00. Es lamentable que la información relativa a los informes de precampaña haya sido considerada como reservada hasta el término de la revisión de los mismos por la autoridad electoral.

Por un Congreso con rostro ve con suma preocupación las condiciones en que se dio cumplimiento a las acciones afirmativas en la selección de candidaturas, como la correspondiente en materia de género. En este sentido, si bien es cierto que los institutos políticos cumplieron de manera formal con el porcentaje del 40% establecido en la ley electoral, las principales fuerzas políticas asignaron a mujeres candidaturas de mayoría relativa en distritos en los que su partido no cuenta con una alta preferencia entre el electorado, mientras que las candidaturas con mayores posibilidades de triunfar fueron otorgadas a hombres. En el caso de las de representación proporcional, hay fórmulas de candidatos encabezadas por mujeres que muy probablemente serán suplidas por sus compañeros de fórmula, como ha sucedido en el PVEM.

Por lo que respecta a otras acciones afirmativas, como las establecidas en la normatividad interna de varios partidos para jóvenes e indígenas, no hay información pública suficiente que permita determinar en qué medida se cumplieron o no. Esta misma situación se presenta para determinar si se respetaron los porcentajes máximos establecidos para la asignación de candidaturas externas.

Asimismo, estimamos de gran importancia las iniciativas que están realizando otras organizaciones civiles en internet, persiguiendo el mismo objetivo que impulsa al proyecto Por un Congreso con Rostro: obtener y poner a deposición pública información sobre la trayectoria académica, profesional y política de las y los candidatos que buscan nuestro voto, así como sus propuestas. Entre estas iniciativas se encuentran: http://www.eleccionesmx.com/, http://www.tuscandidatos.com/, http://www.conoceatucandidato.org.mx/, http://www.lupaciudadana.com.mx/ , todas –ha juzgar por las consultas realizadas- con los mismos niveles bajos de respuesta.

¿Con qué elementos las y los ciudadanos podremos valorar a quienes aspiran a nuestro voto?

Llamamos a los partidos políticos a revisar sus prácticas internas y su voluntad de informar y dar elementos de elección, a hacerse responsables de su contribución al desencanto electoral de las y los ciudadanos. A pensar no sólo en respuestas demagógicas de llamados al voto, sino en transformaciones estructurales que contribuyan a reconstruir la confianza perdida de la ciudadanía.